domingo, febrero 12, 2006

A LA OPINIÓN PÚBLICA: En defensa de la Constitución española



A LA OPINIÓN PÚBLICA

Los redactores y primeros firmantes de este escrito, Fernando Álvarez de Miranda y Torres y Antonio Fontán Pérez, tuvimos el honor, por elección de nuestros compañeros parlamentarios, de presidir el Congreso de los Diputados y el Senado en la Legislatura Constituyente (1977-1979). Por nuestra función nos correspondió la honra de refrendar en nombre de las Cortes, la firma de S. M. el Rey al pie del Texto Constitucional, en la histórica y solemne sesión conjunta de las dos Cámaras del 29 de diciembre de 1978.

En las presentes circunstancias hemos pensado que era deber nuestro, de antiguos políticos constituyentes, trasladar a la sociedad española nuestra preocupación ante la presentación al Parlamento de un proyecto de Estatuto de Cataluña, que está dando lugar a una manifiesta inquietud social. Por eso sometemos a la consideración pública las siguientes consideraciones, invitando a la suscripción de este documento.

La aprobación por la inmensa mayoría del pueblo español de la Constitución de 1978 ha sido el acontecimiento político más trascendente y prometedor de los últimos doscientos años de nuestra historia. A su amparo y en aplicación de sus preceptos España es desde hace más de veinticinco años una sociedad democrática en la que se vive en un régimen de libertades públicas y personales y de promoción y respeto de los derechos humanos.

La Constitución, justamente llamada de la concordia, se estableció con el apoyo de los diversos partidos democráticos y de las varias ideologías y sensibilidades a veces dramáticamente enfrentadas en tiempos anteriores. Ha dado lugar a una renovación y modernización política que ha situado a nuestra nación en el grupo de cabeza de las de nuestro entorno cultural, y ha permitido superar conflictos que antes no habían sido constructivamente encauzados.

Con ella nuestra patria, en un régimen de monarquía parlamentaria, ha conocido alternancias políticas en el ejercicio del poder y se ha reorganizado pacíficamente la estructura misma del Estado. Ha sido posible una ordenada distribución del poder político entre el Gobierno y el Parlamento nacionales y las Comunidades territoriales, tanto las de antiguas vocación y experiencia de autonomía como aquellas otras, que siempre sobre fundamentos históricos y culturales, se han creado en otros pueblos de España. Unidad política sin uniformismos, solidaridad sin privilegios, diversidad sin imposiciones.

Junto a la Constitución, los Estatutos de Autonomía aceptados y vividos por toda la sociedad española al amparo de los principios constitucionales, han demostrado ser un instrumento de cohesión nacional y de progreso.

Como toda obra humana la Constitución puede ser enmendada, perfeccionada y actualizada, ajustándola a las exigencias de los tiempos y a las conveniencias del progreso. Así podrá, y deberá, hacerse cuando la necesidad política y los intereses nacionales lo demanden y por los mismos cauces y modos de entendimiento, tolerancia y consenso de los partidos y de las nacionalidades y regiones que condujeron a su nacimiento.

Por eso produce alarma en el cuerpo social la presentación al Congreso de los Diputados del llamado nuevo Estatuto de Cataluña, que en muchos de sus extremos es manifiestamente anticonstitucional, y cuya aprobación supondría avalar un intento subrepticio de reforma de la Constitución.

Los parlamentarios nacionales se enfrentan con una grave responsabilidad de alcance histórico. Un sector importante de la sociedad española tiene el derecho de llamar su atención sobre ello y exigirles que actúen y resuelvan de acuerdo con el espíritu y la letra de la Constitución que están comprometidos a respetar y cumplir.

Ante esta inquietante situación unas docenas de antiguos políticos y personas de relevancia de los años de la transición, han considerado que era deber suyo dirigirse a los diputados y senadores de las Cortes Generales y a la opinión pública en general con estas consideraciones sobre la gravedad y los riesgos de la situación que se ha planteado.


Fernando Álvarez de Miranda y Torres, Presidente del Congreso de los Diputados de la Legislatura Constituyente (1977-1979).

Antonio Fontán Pérez, Presidente del Senado de la misma Legislatura


http://www.endefensadelaconstitucion.es/

No hay comentarios: