EDUCACIÓN EN CASTELLANO
La normativa vigente en materia de educación no reconoce a los niños el derecho a ser educados en castellano. Esa carencia normativa está siendo aprovechada en determinadas Comunidades Autónomas en las que se dificulta la enseñanza en esta lengua a pesar de ser lengua oficial del Estado, según contempla el artículo 3 de la Constitución española, reconociéndose únicamente el derecho a ser educado en la lengua cooficial. A título de ejemplo, se pone de manifiesto que en la Comunidad Autónoma de Cataluña está implantado el modelo de inmersión lingüística en catalán en toda la etapa obligatoria y es intención de la Consejería de Educación la imposición de sanciones a todos aquellos profesores que no utilicen íntegramente el catalán en sus clases, lo que va a impedir de facto incluso la presencia residual que hasta este momento ha tenido el castellano en la última trama de la enseñanza secundaria en Cataluña; o sea, en bachillerato.
Esta situación está originando una verdadera fractura en el modelo educativo común y dificulta la movilidad geográfica de todos los residentes en España. Por ello,
SOLICITAMOS: Instar a las instituciones públicas para que en la normativa básica educativa, en especial en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, y en los Estatutos de autonomía de comunidades bilingües, se incluya como derecho básico de los alumnos el derecho a ser educados en castellano en todo el territorio nacional en las enseñanzas de régimen general.
OFICINAS DE "GARANTÍAS LINGÜÍSTICAS"
La Generalidad de Cataluña ha creado las denominadas Oficinas de "Garantías Lingüísticas" con la intención de facilitar la denuncia contra las empresas y establecimientos comerciales que no tienen los rótulos, o la documentación en lengua catalana o carecen de personal capacitado para atender a los clientes en este idioma. En la práctica, están destinadas a amedrentar y coaccionar a los ciudadanos que usan el castellano como vehículo de comunicación. Estas Oficinas se pusieron en marcha en febrero de 2005 en Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona y Tortosa y a través de ellas, según información de la propia Generalitat, se han presentado 928 quejas en el primer semestre de 2005. Estas denuncias son fruto, mayoritariamente, del activismo de organizaciones radicales y fanáticas de corte nacionalista.
Es contrario a las reglas básicas de la convivencia que por parte de la Administración se fomente la delación contra los ciudadanos que, libremente, ejercen su opción lingüística; más, cuando por estas denuncias se están sancionando a empresas que utilizan el idioma castellano, idioma, por cierto, oficial en toda España. Por ello,
SOLICITAMOS: Se acuerde promover e instar del Presidente de la Generalidad de Cataluña, responsable final de las Oficinas de "Garantías Lingüísticas" el cierre de las mismas, por ser contrario a los principios democráticos y a la convivencia entre los ciudadanos que se persiga la libertad de opción lingüística y el derecho a usar el castellano que reconoce el artículo 3 de la Constitución española.
La normativa vigente en materia de educación no reconoce a los niños el derecho a ser educados en castellano. Esa carencia normativa está siendo aprovechada en determinadas Comunidades Autónomas en las que se dificulta la enseñanza en esta lengua a pesar de ser lengua oficial del Estado, según contempla el artículo 3 de la Constitución española, reconociéndose únicamente el derecho a ser educado en la lengua cooficial. A título de ejemplo, se pone de manifiesto que en la Comunidad Autónoma de Cataluña está implantado el modelo de inmersión lingüística en catalán en toda la etapa obligatoria y es intención de la Consejería de Educación la imposición de sanciones a todos aquellos profesores que no utilicen íntegramente el catalán en sus clases, lo que va a impedir de facto incluso la presencia residual que hasta este momento ha tenido el castellano en la última trama de la enseñanza secundaria en Cataluña; o sea, en bachillerato.
Esta situación está originando una verdadera fractura en el modelo educativo común y dificulta la movilidad geográfica de todos los residentes en España. Por ello,
SOLICITAMOS: Instar a las instituciones públicas para que en la normativa básica educativa, en especial en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, y en los Estatutos de autonomía de comunidades bilingües, se incluya como derecho básico de los alumnos el derecho a ser educados en castellano en todo el territorio nacional en las enseñanzas de régimen general.
OFICINAS DE "GARANTÍAS LINGÜÍSTICAS"
La Generalidad de Cataluña ha creado las denominadas Oficinas de "Garantías Lingüísticas" con la intención de facilitar la denuncia contra las empresas y establecimientos comerciales que no tienen los rótulos, o la documentación en lengua catalana o carecen de personal capacitado para atender a los clientes en este idioma. En la práctica, están destinadas a amedrentar y coaccionar a los ciudadanos que usan el castellano como vehículo de comunicación. Estas Oficinas se pusieron en marcha en febrero de 2005 en Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona y Tortosa y a través de ellas, según información de la propia Generalitat, se han presentado 928 quejas en el primer semestre de 2005. Estas denuncias son fruto, mayoritariamente, del activismo de organizaciones radicales y fanáticas de corte nacionalista.
Es contrario a las reglas básicas de la convivencia que por parte de la Administración se fomente la delación contra los ciudadanos que, libremente, ejercen su opción lingüística; más, cuando por estas denuncias se están sancionando a empresas que utilizan el idioma castellano, idioma, por cierto, oficial en toda España. Por ello,
SOLICITAMOS: Se acuerde promover e instar del Presidente de la Generalidad de Cataluña, responsable final de las Oficinas de "Garantías Lingüísticas" el cierre de las mismas, por ser contrario a los principios democráticos y a la convivencia entre los ciudadanos que se persiga la libertad de opción lingüística y el derecho a usar el castellano que reconoce el artículo 3 de la Constitución española.
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