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Las sociedades de autores están en pie de guerra contra la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario planea una propuesta de directiva que eliminaría la compensación por copia privada, una de las principales fuentes de cobro de derechos de autor en la mayoría de los países de la UE.
Ramón R. Lavín. Bruselas Expansión Las sociedades de autores están en pie de guerra contra la Comisión Europea, ante la amenaza de que salga adelante una propuesta de directiva comunitaria que eliminaría los sistemas de remuneración por copia privada, el sistema común de cobro de derechos de autor en la Europa continental.
Ante la presión de la industria electrónica, así como de los proveedores de contenidos y servicios online, la Comisión ha realizado un estudio de impacto sobre los sistemas de remuneración por copia privada, que hará público antes del verano y que podría dar lugar en otoño a la presentación de una propuesta de directiva para suprimir ese canon. La industria acusa al sistema de remuneración por copia privada de ser un obstáculo al desarrollo de la sociedad de la información.
Las sociedades de autores, como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en España y en otros países continentales de la UE, se encargan de recaudar, a través de ese canon, los derechos de autor por la utilización de obras protegidas, o de redistribuirlo entre los autores y compositores Ahora tratan de demostrar a la Comisión que su sistema de recaudación no entorpece el desarrollo de la industria electrónica y de los servicios de música online. En Reino Unido, Irlanda y Chipre la copia privada está prohibida y, por lo tanto, no existe ese canon en los soportes vírgenes.
Las sociedades de autores se defienden con cifras sobre la industria electrónica. Así, por ejemplo, la proporción de franceses, alemanes y británicos que poseen un reproductor MP3 es similar –22% entre la población francesa de 15 a 44 años, 26% entre los alemanes y 25% entre los británicos–, a pesar de que en Gran Bretaña no existe la remuneración por copia privada. Por otro lado, esa remuneración no afecta al mercado. En España, por ejemplo, el canon por copia privada ascendió en 2004 a 70 millones de euros, sobre una facturación total del sector de 7.000 millones de euros. La empresa Apple ha aumentado su facturación en 1.330 millones de euros, gracias a las ventas de su iPod, que se incrementaron en un 220% entre 2004 y 2005.
Cruce de acusaciones
La industria electrónica sostiene que, además de frenar el desarrollo de los servicios online, la gestión de los fondos recaudados por el canon carece de transparencia en su gestión. Eduardo Bautista, presidente de la SGAE, rechazó ayer en Bruselas esas acusaciones y explicó que “toda las cuentas de las sociedades de autores están sometidas al control de las empresas auditoras, y tienen todos los certificados de calidad que se puedan exigir a las empresas más eficientes”.
Bautista hizo hincapié en “la independencia económica que este sistema proporciona a los autores y compositores” y añadió que “la UE no puede tampoco obviar el factor cultural que permite esa independencia de los autores y compositores, derivada de su remuneración por el canon”.
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Las sociedades de autores están en pie de guerra contra la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario planea una propuesta de directiva que eliminaría la compensación por copia privada, una de las principales fuentes de cobro de derechos de autor en la mayoría de los países de la UE.
Ramón R. Lavín. Bruselas Expansión Las sociedades de autores están en pie de guerra contra la Comisión Europea, ante la amenaza de que salga adelante una propuesta de directiva comunitaria que eliminaría los sistemas de remuneración por copia privada, el sistema común de cobro de derechos de autor en la Europa continental.
Ante la presión de la industria electrónica, así como de los proveedores de contenidos y servicios online, la Comisión ha realizado un estudio de impacto sobre los sistemas de remuneración por copia privada, que hará público antes del verano y que podría dar lugar en otoño a la presentación de una propuesta de directiva para suprimir ese canon. La industria acusa al sistema de remuneración por copia privada de ser un obstáculo al desarrollo de la sociedad de la información.
Las sociedades de autores, como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en España y en otros países continentales de la UE, se encargan de recaudar, a través de ese canon, los derechos de autor por la utilización de obras protegidas, o de redistribuirlo entre los autores y compositores Ahora tratan de demostrar a la Comisión que su sistema de recaudación no entorpece el desarrollo de la industria electrónica y de los servicios de música online. En Reino Unido, Irlanda y Chipre la copia privada está prohibida y, por lo tanto, no existe ese canon en los soportes vírgenes.
Las sociedades de autores se defienden con cifras sobre la industria electrónica. Así, por ejemplo, la proporción de franceses, alemanes y británicos que poseen un reproductor MP3 es similar –22% entre la población francesa de 15 a 44 años, 26% entre los alemanes y 25% entre los británicos–, a pesar de que en Gran Bretaña no existe la remuneración por copia privada. Por otro lado, esa remuneración no afecta al mercado. En España, por ejemplo, el canon por copia privada ascendió en 2004 a 70 millones de euros, sobre una facturación total del sector de 7.000 millones de euros. La empresa Apple ha aumentado su facturación en 1.330 millones de euros, gracias a las ventas de su iPod, que se incrementaron en un 220% entre 2004 y 2005.
Cruce de acusaciones
La industria electrónica sostiene que, además de frenar el desarrollo de los servicios online, la gestión de los fondos recaudados por el canon carece de transparencia en su gestión. Eduardo Bautista, presidente de la SGAE, rechazó ayer en Bruselas esas acusaciones y explicó que “toda las cuentas de las sociedades de autores están sometidas al control de las empresas auditoras, y tienen todos los certificados de calidad que se puedan exigir a las empresas más eficientes”.
Bautista hizo hincapié en “la independencia económica que este sistema proporciona a los autores y compositores” y añadió que “la UE no puede tampoco obviar el factor cultural que permite esa independencia de los autores y compositores, derivada de su remuneración por el canon”.
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