martes, diciembre 05, 2006

LA AVT EXIGE AL MINISTRO MORATINOS QUE REPRUEBE A VENEZUELA POR LOS BENEFICIOS QUE OTORGA A ETA


La AVT pedirá el embargo judicial de las "indemnizaciones" concedidas a los etarras.

Madrid, 5 de diciembre de 2006. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha exigido en una carta remitida al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, "que active todos los medios políticos y diplomáticos necesarios para lograr, de un Gobierno del que ustedes presumen estar en buena sintonía, que deje de otorgar prebendas y privilegios a los asesinos y colabore en la persecución del delito", en relación con las noticias aparecidas en la Prensa esta mañana, en las que se da cuenta del pago por parte del Gobierno de Venezuela de unas "indemnizaciones" a dos terroristas por su extradición a España en 2002 y la concesión de la nacionalidad venezolana a otros cuatro para que logren eludir la acción de la Justicia en España.

Del mismo modo, la AVT ha elevado una queja al Embajador de Venezuela ante el Reino de España, Arévalo Méndez, en la que exige al Gobierno de Venezuela que "rectifique esta postura de colaboración con el terrorismo en España y que colabore con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas, así como con su Justicia, para entregar, en el menor plazo de tiempo posible a todos los terroristas refugiados en su territorio nacional".

La Asociación de Víctimas del Terrorismo quiere hacer notar el escarnio que supone que, además de las indemnizaciones, se haya acordado que el Gobierno de Venezuela trabajará para "garantizar la integridad física y moral" del etarra Sebastián Echaniz, realizando las gestiones necesarias para que este asesino pueda cumplir sus penas de cárcel "en un recinto cercano a su lugar de origen". La AVT ha recordado, tanto a Moratinos como a Méndez, dónde queda la "integridad física y moral" de las víctimas de estos asesinos.

Por último, el equipo jurídico de la AVT va a ejercer las acciones legales necesarias para que, en los momentos procesales y judiciales oportunos, el Estado ejecute un embargo sobre estas "indemnizaciones", para afrontar los pagos a los que fueron condenados.

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